El aumento de la pensión mínima garantizada a 9,407 pesos en 2025 ha generado inquietud entre los jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en particular entre aquellos que reciben montos menores y buscan formas de aumentar sus pagos mensuales.
Sin embargo, el sistema de cálculo de pensiones del IMSS no permite ajustes retroactivos a las pensiones ya otorgadas, con excepción de algunos casos específicos. Esto indica que las pensiones de las personas que reciben montos bajos, a menudo menores a 3,000 pesos, no pueden ser incrementadas, ya que fueron establecidas con base en los salarios de ese momento y de acuerdo con la Ley del Seguro Social de la Ley 73.
La Ley 73 del IMSS especifica que el monto de la pensión de un trabajador se calcula con base en el salario promedio devengado durante las últimas 250 semanas de cotización, que corresponden a los últimos cinco años de empleo previos a la jubilación.
Elementos como la edad y el número de semanas cotizadas juegan un papel en el cálculo final; sin embargo, la pensión nunca puede exceder el salario promedio especificado.
Existe una excepción a esta regla: la pensión mínima garantizada. Esta medida establece que si el cálculo de la pensión arroja un monto menor al salario mínimo, el derechohabiente tendrá derecho a un pago equivalente al salario mínimo vigente más un 11% adicional, como se detalla en el decreto del gobierno de Vicente Fox.
En 2025, el monto mensual será de 9 mil 407 pesos, mientras que quienes se jubilaron en enero y recibieron un ajuste por inflación en febrero lo verán ascender a 9 mil 803.
Sólo podrán acceder a este beneficio aquellos trabajadores que soliciten su pensión en 2025 y hayan cotizado al menos un día durante ese año. Las personas que ya se encuentren jubiladas y reciban montos menores no podrán solicitar un ajuste para alinear su pensión al mínimo garantizado.
Con la creación de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en 2016, el cálculo de las pensiones del IMSS pasó de basarse en el salario mínimo a ajustarse de acuerdo con la inflación y el valor de la UMA, lo que ha provocado una creciente disparidad en los montos de las pensiones que reciben las distintas generaciones de jubilados.
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En el pasado, los aumentos del salario mínimo tenían un efecto directo en los aumentos de las pensiones; sin embargo, con la separación de estos dos factores, los pensionados han experimentado una pérdida gradual de su poder adquisitivo.
En la actualidad, ciertos jubilados que han cotizado durante más de 35 o 40 años reciben pensiones de tan solo 2.000 pesos mensuales. En contraste, las personas que se jubilan con menos años de cotización tienen derecho a la pensión mínima garantizada de 9.407 pesos. Esta disparidad ha despertado las alarmas entre los jubilados de años anteriores, quienes consideran que el programa actual es inequitativo.
El marco legal vigente no prevé modificaciones para las personas que reciben pensiones obsoletas. El artículo cuarto transitorio del decreto que implementa la UMA estipula que esta unidad debe sustituir al salario mínimo, aunque algunas leyes siguen haciendo referencia a este último. En consecuencia, no existen vías legales disponibles para ajustar una pensión ya otorgada para que coincida con los nuevos montos garantizados.
El Congreso ha analizado propuestas para revisar y corregir esta situación, pero hasta ahora no se han aprobado cambios al sistema de pensiones. Mientras tanto, los montos seguirán ajustándose en función de la UMA en lugar del salario mínimo, lo que perpetuará la disparidad entre las diferentes generaciones de jubilados.
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